Ante el próximo desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014, el CERMI ha propuesto recoger expresamente en la nueva norma la opción de que las personas con discapacidad puedan acceder al desempeño de actividades de seguridad privada.

 

Según los planteamientos del CERMI, el reglamento de seguridad privada pendiente de aprobación debe incluir disposiciones que permitan tanto el acceso a la seguridad privada de personas con discapacidad -nuevo ingreso-, como el mantenimiento en esta actividad, cuando la discapacidad sea sobrevenida, en el caso de que la persona ya viniera trabajando en este sector, y por accidente, enfermedad u otro hecho causante adquiriese una discapacidad.

 

Con la regulación actual, que ha de ser superada, las personas con discapacidad tienen vetado el acceso a la seguridad privada, por entender que no reúnen condiciones psicofísicas adecuadas. El sector de la seguridad privada da empleo a más de 100.000 personas en España y debe ser una oportunidad de ocupación para las personas con discapacidad, sin exclusiones injustificadas.